Más Madrid alerta contra el anteproyecto de Ley Ómnibus de Ayuso: es un atentado medioambiental y fomenta el pelotazo y la corrupción

• “Esta Ómnibus III es un engendro jurídico más de Ayuso, que desprecia olímpicamente los principios de participación pública de la ciudadanía madrileña”, ha dicho Manuela Bergerot.
• “Sacar a información pública un texto legislativo tan complejo sólo durante siete días del mes de julio demuestra hasta qué punto le importa poco o nada la opinión de los madrileños” ha remachado el portavoz de medio ambiente, agricultura e interior, y miembro de Verdes Equo, Alejandro Sánchez.

Más Madrid y Verdes Equo manifiestan su más absoluto y rotundo rechazo al nuevo proyecto de Ley Ómnibus (el tercero de la era Ayuso) en el que se modifican otra vez diez leyes de la Comunidad de Madrid, algunas de ellas de manera muy extensiva como es el caso de la Ley de Protección de Animales de Compañía, la Ley de Protección del Arbolado Urbano, y por supuesto, una vez más, la Ley del Suelo -y ya van al menos 19 reformas desde su promulgación en 2001-.

El anteproyecto publicado en el portal de transparencia de la Comunidad es un texto de 75 páginas con más de 110 artículos y disposiciones, para el cual se han otorgado siete días para presentar alegaciones por parte de la ciudadanía, del 11 al 19 de julio de 2024, al ser declarado urgente. Cabe cuestionar la necesidad de urgencia en julio para modificar todas estas leyes, considerando que la Asamblea de Madrid está cerrada y no puede tramitar textos legislativos hasta octubre. Es destacable que en la exposición de motivos se mencionen los principios de buena regulación, proporcionalidad, coherencia y transparencia, cuando la publicación en el portal de transparencia es un requisito obligatorio.

Este procedimiento plantea serias dudas sobre la adecuada aplicación de los protocolos de transparencia e información pública de la Comunidad de Madrid. La administración actual procede a tramitar la modificación de una decena de leyes de gran relevancia, como la del Suelo o la de Protección Animal, sin proporcionar a la ciudadanía, los Ayuntamientos o las entidades sociales un margen suficiente para la reflexión y la respuesta. La participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad se ve limitada a un plazo de alegaciones de siete días, sin un proceso de diálogo social previo. Este método de acción legislativa acelerada recuerda a estrategias políticas controvertidas empleadas en otros contextos.

Asimismo, cabe cuestionar la coherencia de reformar simultáneamente diez leyes de ámbitos tan diversos como la política territorial y la protección de animales de compañía, o la gestión de especies exóticas con la evaluación ambiental estratégica. Esta variedad de temas en una sola propuesta legislativa dificulta un análisis detallado y comprehensivo.

Más Madrid – Verdes Equo expresa su preocupación ante lo que considera un uso inadecuado de la mayoría absoluta por parte del gobierno regional. Argumentan que estas acciones no solo obstaculizan la labor de la oposición, sino que también limitan la participación efectiva de la sociedad civil en el proceso legislativo.Por otra parte, más allá de las nefastas formas a las que nos tiene acostumbrado el PP de Ayuso, el fondo de las reformas es también muy preocupante, entre las cuales podemos destacar:

• Pretenden modificar 68 disposiciones de la Ley del Suelo vigente, algo sorprendente dado que se anunció para este otoño una nueva ley integral del suelo para esta legislatura. Muchas de las modificaciones parecen ir encaminadas a facilitar la construcción de viviendas en zonas originalmente reservadas a otros usos sociales y equipamientos educativos, sanitarios, culturales, zonas verdes, etc., incluso en zonas de suelo urbano no consolidado o nosectorizado, lo que podría llegar a privar a los nuevos barrios de estos equipamientos sociales, algo absolutamente inaceptable.
• También se abre la mano sobremanera ante las infraestructuras energéticas o de tratamiento y depuración de aguas, sean públicas o privadas, lo que supone en la práctica que depuradoras, instalaciones para el tratamiento de residuos, tendidos eléctricos y plantas energéticas, justamente proyectos que en algunos casos son muy contestados socialmente, puedan construirse en prácticamente cualquier sitio sin necesidad de calificación urbanística, incluso en suelo no urbanizable de protección.
• Delegan el control de especies exóticas invasoras a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en un claro movimiento de escurrir el bulto de sus propias competencias autonómicas, especialmente en el control de las cotorras.
• Establecen excepciones a la prohibición general de tala de arbolado urbano y añaden un artículo de “compensaciones por tala” gracias al cual, en lugar de plantar árboles en compensación por los que se talan se puede pagar su precio “cuando no exista espacio disponible en el municipio para la plantación”. Una clara puerta trasera para eludir la obligación de plantación y que viene sin duda motivada por la sucesión de talas indiscriminadas protagonizadas en los últimos tiempos por Almeida y la propia Ayuso en la ampliación de la Línea 11 de Metro.
• Se vacían todavía más las obligaciones de evaluación ambiental de proyectos en la Comunidad de Madrid. Se suprime esta obligación para las gasolineras, crematorios y campos de golf que no estén afectados por la legislación estatal, y además se habilita al Consejero a determinar mediante una simple orden del departamento qué proyectos no van a provocar efectos adversos sobre los espacios protegidos o la Red Natura 2000 y no van a necesitar informe ambiental (porque él lo dice y lo vale), sin prueba técnica al respecto, eludiendo así todos los principios de control y transparencia en materia medioambiental.
• Además, cuando a la Consejería le parezca se puede hacer simultáneamente la Evaluación Ambiental Estratégica de un plan o programa y la de todos los proyectos que la componen. También amplían los plazos de vigencia de estas evaluaciones y declaraciones de los dos hasta los cinco años. Surrealista.
• Crean por ley una fórmula por la que TODAS las obras que promueva el Canal de Isabel II sean de interés y utilidad pública, incluyendo derechos de expropiación forzosa. Incluso teniendo en cuenta la importancia de garantizar el abastecimiento de agua, parece absolutamente desmedido, para temas como el tratamiento y depuración de aguas residuales, ya que estas instalaciones aún siendo necesarias comportan un gran impacto ambiental.
• Modifican el Consejo Asesor del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, para eliminar la representación sindical, dejando solamente tres representantes de las organizaciones profesionales.
• Y finalmente, el ejemplo más claro de mala utilización de una ley ómnibus como esta es la adaptación completa de la ley autonómica de protección de animales de compañía 4/2016 a la nueva ley estatal 7/2023 de bienestar animal. Dadas sus características e importancia y la ausencia de urgencia ninguna, debería tramitarse como una ley separada, con su propio trámite de información pública y su tramitación parlamentaria independiente. Lo primero que hacen es quitarle la protección a los caballos utilizados con fines de ocio o deportivos que se establecía en el texto madrileño, con el grave perjuicio que esto les puede suponer. Todos los perros (también los de caza y de pastor) mantienen la protección básica en la Ley autonómica, aunque se les exceptúan algunas cuestiones, derivadas de los defectos de la Ley estatal. Por ejemplo, se permitiría la mutilación de orejas y rabos sin mediar razones sanitarias para ello, y se permite mantenerles atados o en lugares impropios para el resto de perros. Es un claro ejemplo de que la Comunidad de Madrid obvia el amplio margen de autonomía del que dispone para tener una mejor normativa que la estatal al menos en este caso.