Más Madrid lleva al Defensor del Pueblo las acusaciones falsas de Zarzalejo contra un colegio de Villarejo de Salvanés

• Manuela Bergerot denuncia que la Consejería de Educación difundió información falsa sobre la huelga educativa que desencadenó una oleada de amenazas contra el profesorado de un colegio público y exige una rectificación
• Más Madrid reclama que se investigue la actuación de la consejera Mercedes Zarzalejo y que se archive cualquier expediente disciplinario abierto contra el director del centro al que se atribuyó el correo

Madrid, 21 de octubre de 2026. Más Madrid ha presentado este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y su titular, Mercedes Zarzalejo, por difundir información falsa sobre un centro educativo de Villarejo de Salvanés durante la huelga educativa de la pasada semana. La formación denuncia que las acusaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desencadenaron una oleada de amenazas contra el profesorado de un colegio público que no tenía ninguna relación con los hechos y exige una rectificación pública, así como el archivo de cualquier expediente disciplinario abierto.

La queja, presentada por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, solicita al Defensor del Pueblo que investigue las actuaciones de la Consejería de Educación y de la Portavocía del Gobierno regional, después de que el Ejecutivo autonómico se negara a rectificar las acusaciones pese a conocerse que el correo electrónico utilizado para desacreditar la huelga había sido interpretado erróneamente.

«Presentamos una queja al Defensor del Pueblo por las acusaciones falsas de la consejera de Educación contra un colegio de Villarejo de Salvanés por la huelga educativa. Mercedes Zarzalejo atribuyó las palabras del Sindicato de Estudiantes al director de un colegio concertado de Villarejo de Salvanés, pero además afirmó falsamente que se trataba de un centro público, provocando amenazas contra el único colegio público del pueblo»; indica al respecto la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

«Los colegios madrileños necesitan inversiones, no bulos. Exigimos una rectificación inmediata de este doble bulo y una investigación para dirimir quién tiene la responsabilidad de este ataque injustificado contra la educación pública en su conjunto. Ayuso y todo su gobierno deben parar el ataque contra la educación pública y sentarse a negociar con sus trabajadores y trabajadoras, que lo único que están exigiendo es hacer su trabajo en condiciones dignas y garantizar que nuestros hijos pueden educarse en las mejores condiciones. Que dejen de envenenar, que respeten el derecho a huelga y que se pongan a solucionar los problemas, que para eso están en el gobierno», añade al respecto la líder regionalista.

Los hechos se remontan al pasado 14 de octubre, cuando la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, mostró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno un correo electrónico que, según afirmó, había enviado la dirección de un centro educativo de Villarejo de Salvanés a las familias. La consejera utilizó el mensaje para denunciar el supuesto carácter político de la huelga y acusó al centro de animar a convertir las calles en una pesadilla para los «fascistas y clasistas del PP y Ayuso». Además, anunció su intención de abrir un expediente disciplinario contra su director.

Sin embargo, el correo no contenía ninguna consigna propia del centro educativo, sino una cita textual, entrecomillada, del Sindicato de Estudiantes, incluida en una comunicación informativa dirigida a las familias sobre la huelga convocada por el alumnado de 3º y 4º de ESO.

Posteriormente, fuentes del Gobierno regional trasladaron a los medios de comunicación que el centro implicado era público, lo que provocó que el CEIP Nuestra Señora de la Victoria, el único colegio público de Villarejo de Salvanés, comenzara a recibir mensajes de odio y amenazas contra su profesorado a través de Instagram.

Más Madrid subraya que este colegio imparte exclusivamente Educación Infantil y Primaria, por lo que ni siquiera cuenta con alumnado de Educación Secundaria, al que se refería el correo exhibido por la consejera. El mensaje procedía, en realidad, del Colegio Santa Elena, un centro privado concertado de la localidad, cuyo director tuvo que remitir una aclaración a las familias explicando que la frase pertenecía al Sindicato de Estudiantes y no representaba los valores del colegio.

Pese a ello, el pasado 16 de octubre, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, rechazó rectificar las declaraciones y aseguró que el Ejecutivo únicamente realiza manifestaciones «absolutamente probadas». Según recoge la queja, hasta la fecha no consta ninguna rectificación pública, ninguna aclaración sobre el expediente disciplinario anunciado ni medidas de protección para la comunidad educativa afectada.

Más Madrid exige una rectificación pública y el archivo de cualquier expediente

En su escrito, Más Madrid considera que la actuación del Gobierno regional vulnera los principios de objetividad, buena fe y transparencia que deben regir la actuación de las administraciones públicas. También advierte de una posible lesión del derecho al honor del director señalado y de las garantías que deben respetarse en cualquier procedimiento sancionador.

La formación pone especial énfasis en la obligación de las administraciones de garantizar un entorno escolar seguro y libre de violencia, especialmente cuando sus propias declaraciones han contribuido a desencadenar amenazas contra una comunidad educativa.

Por todo ello, Más Madrid solicita al Defensor del Pueblo que recabe información sobre las comprobaciones realizadas antes de difundir las acusaciones, quién identificó erróneamente al centro como público, si se ha abierto algún expediente disciplinario y qué medidas ha adoptado la Comunidad de Madrid para proteger al colegio afectado.

Asimismo, reclama que se recomiende a la Consejería de Educación una rectificación pública con el mismo alcance que las acusaciones difundidas el 14 de octubre, que se archive cualquier expediente abierto por estos hechos y que se recuerde al Gobierno regional su obligación legal de verificar la información antes de atribuir públicamente conductas a centros educativos o docentes.

La queja también cuestiona qué potestad disciplinaria pretende ejercer la Consejería sobre el director de un centro privado concertado, al no tratarse de un empleado público.