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Más Madrid pide al Ayuntamiento que inste a la Comunidad de Madrid a mejorar la futura Ley de Servicios Sociales

  • El grupo municipal de Más Madrid ha presentado una proposición en el pleno de Cibeles de abril para que el Ayuntamiento que inste a la Comunidad de Madrid a mejorar la futura Ley de Servicios Sociales 
  • Más Madrid ha aportado sugerencias para aligerar la gestión y los procesos administrativos y que, de este modo, se reduzca la desigualdad en nuestra ciudad. Actualmente hay 750.000 personas en situación de exclusión, 185.000 personas más desde que estalló la pandemia
Personas haciendo cola el sábado 9 de mayo para recibir una bolsa con alimentos en Aluche.

Madrid, 26 de abril de 2022 

El grupo municipal de Más Madrid quiere abordar, en el pleno de abril, la difícil situación que viven 750.000 personas en la ciudad de Madrid que están en situación de exclusión. Con el objetivo de mejorar la atención a estas personas y reducir la desigualdad, el grupo municipal ha presentado una proposición para que el Ayuntamiento inste a la Comunidad de Madrid a mejorar la futura Ley de Servicios Sociales. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elaborado un anteproyecto de Ley de Servicios Sociales para sustituir la anterior ley, de 2003, cuyo problema principal fue que no se aplicó por la falta de desarrollo reglamentario. La nueva ley, que debería incidir positivamente en la vida de las personas y familias de nuestra ciudad, en especial de las más vulnerables, tiene el mismo problema, ya que no se establece un calendario preciso desarrollarla.  

En este sentido, Más Madrid ha presentado las siguientes propuestas de mejora. Texto completo de la proposición 

1. En la cartera de prestaciones es necesario que se establezca con precisión cuales son las prestaciones garantizadas y cuáles son las condicionadas, única forma de que el acceso a los servicios sociales municipales sea reconocido como derecho subjetivo para las madrileñas y madrileños.  

2. Que, al igual que en otras Comunidades Autónomas, el Concierto como forma de gestión sea un régimen administrativo reservado para las organizaciones sin ánimo de lucro, ya que hay materias y circunstancias en las que su aportación es imprescindible. Al no estar movidas por la búsqueda del beneficio económico, les permite poner en el centro a las personas y la intervención social, algo beneficioso para nuestros conciudadanos/as.  

3. Que se busque la fórmula administrativa pertinente para que en la Ley autonómica las Ayudas de Emergencia Social, de competencia municipal, salgan del marco de la Ley de Subvenciones, como así se ha hecho también en otras Comunidades Autónomas, posibilitando una gestión rápida y eficaz de esas ayudas que no conlleve, como pasa con la Tarjeta Familias, tramitaciones con 19 pasos y más de dos meses de espera como media, para algo que tiene el carácter de “emergencia social”.  

4. Que la Ley considere la RMI como una prestación complementaria al IMV, posibilitando de esta manera su papel de reducción de la pobreza en la Comunidad y, por tanto, en nuestra ciudad. Así mismo se ha hecho con tipos de rentas similares en otras Comunidades Autónomas.  

5. La recuperación presupuestaria de los 120 millones € suprimidos a partir del presupuesto de 2017 y que sean utilizados para:  

a. Que las personas que actualmente no puedan acceder al IMV puedan ser perceptores del RMI. b. Incrementar en un 20% las prestaciones de los perceptores de IMV.  

c. Aportar complementos específicos para ayudas en materia de vivienda.  
 
6. Explicitación del papel del Ayuntamiento de Madrid en materia de Servicios Sociales en el ámbito autonómico, creando convenios y estructuras (tipo Consejo Intersectorial), que reconozcan la participación del Ayuntamiento, como codecisor o como consultor necesario, en aquellas cuestiones que le afecten significativamente, tanto por la proporción poblacional como por la relevancia institucional, en el marco de la Ley de Capitalidad.  

7. Que en las disposiciones adicionales de la Ley se determine el procedimiento de elaboración, el órgano y los plazos de aprobación de todos aquellos aspectos que precisan un desarrollo reglamentario y que en el actual anteproyecto quedan a la decisión arbitraria del Consejo de Gobierno: cartera de servicios, plan estratégico de Servicios Sociales, mapa de servicios, regulación de ayudas económicas de emergencia, etc. 

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