Más Madrid reclama transparencia total en las subvenciones públicas y exclusión de entidades con antecedentes graves
El Grupo Parlamentario Más Madrid ha presentado en la Asamblea una Proposición No de Ley para exigir un control mucho más riguroso en el acceso a las subvenciones públicas otorgadas por la Comunidad de Madrid. La iniciativa plantea una batería de medidas destinadas a reforzar la transparencia, prevenir el uso fraudulento de fondos públicos y excluir de los procesos de adjudicación a aquellas entidades que hayan incurrido en violaciones graves de derechos o prácticas corruptas.
La propuesta reclama en primer lugar que el Gobierno regional exija de manera sistemática el cumplimiento de criterios robustos de transparencia a todas las entidades que se presenten a convocatorias de subvenciones. Esto implicaría establecer obligaciones claras y verificables que garanticen la publicidad y trazabilidad del destino final de los fondos públicos, así como mecanismos efectivos de control y seguimiento por parte de la administración.
Más Madrid subraya la necesidad de que ninguna entidad condenada por delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, derechos laborales, destrucción del medioambiente, fraude fiscal, evasión de impuestos o corrupción pueda optar a subvenciones durante un periodo mínimo de diez años desde la fecha de la condena. El objetivo es impedir que fondos públicos terminen en manos de actores que han vulnerado de forma grave los principios básicos del Estado de derecho y la responsabilidad empresarial.
Además, la iniciativa plantea que se impulse un Acuerdo de Gobierno para que todas las convocatorias de subvenciones incluyan como requisito obligatorio que las entidades aspirantes dispongan de un portal digital de acceso público y accesible. En este portal debe constar, de manera actualizada, toda la información relevante sobre la estructura de la entidad, su financiación, sus responsables y el uso de los fondos públicos recibidos. Más Madrid considera que esta medida permitiría a la ciudadanía y a los órganos fiscalizadores acceder a información clave de forma sencilla, promoviendo así un control social efectivo y reforzando la rendición de cuentas.
La proposición también exige que la Comunidad de Madrid asegure el cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Este cumplimiento deberá ser condición obligatoria para cualquier entidad con más de 50 trabajadores que aspire a recibir subvenciones, garantizando la existencia de canales internos eficaces para denunciar irregularidades y proteger a los alertadores frente a represalias.