Más Madrid solicita medidas cautelarísimas al no existir un marco jurídico que avale el traslado de las basuras

Recurso contencioso administrativo contra las autorizaciones de tratamiento de los residuos urbanos de la Mancomunidad del Este en el Parque Tecnológico de Valdemingómez

  • Marta Higueras, Rita Maestre y Paco Pérez han presentado un recurso contencioso administrativo. El Juzgado tiene dos días para pronunciarse 
  • No existe marco jurídico que avale que lleguen a Valdemingómez más de 200.000 toneladas de residuos de otros 31 municipios, ya que el convenio de colaboración entre Comunidad, Mancomunidad del Este y Ayuntamiento de Madrid que regularía las condiciones de traslado y tratamiento no se ha firmado
  • Se violan los derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio de la ciudadanía, y se lesiona el derecho reconocido en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el incremento de las emisiones odoríferas procedentes de Valdemingómez
Planta de residuos de Valdemingómez.
Planta de residuos de Valdemingómez.

Madrid, 16 enero de 2020

El grupo municipal de Más Madrid ha presentado hoy un recurso contencioso-administrativo contra las autorizaciones de tratamiento de más de 200.000 toneladas anuales de residuos urbanos de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Las concejalas Rita Maestre y Marta Higueras y el edil Paco Pérez han acudido al Registro de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, donde han detallado que, además, el recurso incluye la solicitud de medidas cautelarísimas para que se suspendan dichas autorizaciones, incluso de manera inmediata y sin escuchar al Ayuntamiento. 

Más Madrid constata que no existe marco jurídico que avale dichas autorizaciones, ya que el convenio de colaboración que las tres Administraciones (Comunidad de Madrid, Mancomunidad del Este y Ayuntamiento de Madrid) comenzaron a negociar antes de final de año para, en contra de la opinión del Pleno del Ayuntamiento, regular las condiciones del traslado y tratamiento de los residuos en Valdemingómez hasta la puesta en marcha del complejo de Loeches “nunca se ha firmado”, ha denunciado Rita Maestre. 

La portavoz de medios ha insistido en que, al no existir soporte normativo que garantice los más elementales derechos, las autorizaciones “son nulas de pleno derecho”.  “Nuestra prioridad es proteger las vidas de los casi 650.000 vecinos y vecinas que viven en los distritos de Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Moratalaz y Vicálvaro”. 

“La ciudadanía ve cercenados sus derechos por la dejadez de la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este, que ya sabían que se colmataba el vertedero de Alcalá, y por una decisión unilateral, sin soporte jurídico y sin garantías de ningún tipo”.

Concretamente, el recurso se interpone contra seis resoluciones de autorización de tratamiento de residuos urbanos dictadas por la directora general del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) el pasado 27 de diciembre de 2019, que permiten el tratamiento de los residuos de los 31 municipios de la Mancomunidad del Este en el PTV.  

El Juzgado tiene ahora un plazo de dos días para pronunciarse: puede conceder o denegar la medida cautelarísima y puede también decidir tramitarla como medida cautelar ordinaria y posponer la decisión sobre su estimación o rechazo hasta haber oído al Ayuntamiento.

Origen del problema

El vertedero de Alcalá de Henares está colmatado y el nuevo vertedero de Loeches, que lo va a sustituir, no está totalmente construido. Esto ha ocurrido por la abdicación y dejación de responsabilidades, tanto de la Comunidad de Madrid como de la Mancomunidad del Este durante los últimos años y, singularmente, desde que en diciembre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid se negara expresamente a hacerse cargo de la gestión de estos residuos. El Consistorio madrileño se basó entonces en un minucioso informe técnico elaborado por el entonces director general del PTV, al que el equipo de Gobierno de Almeida y Villacís cesó el pasado 3 de octubre de 2019. 

Un convenio de colaboración que no existe

Paralelamente a ese cese, las tres Administraciones (Comunidad de Madrid, Mancomunidad del Este y Ayuntamiento de Madrid) comenzaron a negociar el texto de un denominado convenio de colaboración para, en contra de la opinión del Pleno del Ayuntamiento, regular las condiciones del traslado y tratamiento de los residuos en Valdemingómez hasta la puesta en marcha del complejo de Loeches. Pero este convenio no se ha llegado a firmar, ni antes de la llegada de los residuos ni a fecha de hoy. Por tanto, no existe tal convenio ni puede desplegar ningún efecto jurídico, argumenta el recurso presentado.

Ello evidencia que el Ayuntamiento ha alterado el orden de las cosas y “ha empezado la casa por el tejado”, a juicio de Más Madrid. Sin procedimiento alguno, de manera consciente y deliberada, ha concedido unas autorizaciones en base a un soporte normativo que aún no ha nacido en la esfera jurídica. En este sentido, Rita Maestre ha hecho hincapié en que “no solo no está firmado el convenio, sino que las autorizaciones se conceden el 27 de diciembre de 2019 y el borrador del convenio entregado por el Ayuntamiento tiene fecha 9 de enero de 2020”. 

Un modo de proceder que vulnera frontalmente el ordenamiento jurídico y avala la concesión de la medida cautelarísima solicitada: “la autorización administrativa de la dirección general del PTV no puede habilitar el tratamiento de residuos generados y depositados fuera del municipio de Madrid si no se ha firmado un convenio entre Administraciones. Se trata de una actuación nula de pleno derecho”, ha remarcado la portavoz.

Oposición del Pleno del Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento ha manifestado en tres ocasiones (20 de diciembre de 2018, 30 de octubre de 2019 y 10 de enero de 2020) su oposición a la venida a Madrid de estos residuos, instando en el primero de ellos a la Comunidad de Madrid a que ejecutara con carácter de urgencia un Plan de gestión temporal y sostenible de los residuos generados en la Mancomunidad del Este que excluyera su tratamiento en las instalaciones del PTV. “Plan absolutamente inexistente”, denuncia Más Madrid.

La pasividad durante todo este último año de la Comunidad de Madrid, unida a la desidia de años anteriores, es la que ha provocado la situación creada al colmatarse el vertedero de Alcalá de Henares el 28 de diciembre de 2019.

La nueva Dirección General del PTV ha decidido, unilateralmente y sin la existencia de un convenio que lo avale, autorizar el tratamiento de los residuos generados por los 31 municipios de la Mancomunidad del Este, existiendo otras alternativas, con clara vulneración de la normativa aplicable y ocasionando graves e irreparables daños y perjuicios a los ciudadanos madrileños, singularmente a quienes viven en los distritos de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, Moratalaz y Vicálvaro.

Violación de derechos fundamentales

De acuerdo con el recurso, se lesionan sus derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, provocando violación de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad de su domicilio y se lesiona el derecho reconocido en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por el incremento de las emisiones odoríferas procedentes del PTV. 

En la valoración de los intereses en conflicto que hay que analizar para la adopción de la medida cautelar, deben prevalecer los de las casi 650.000 personas que viven en Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Moratalaz y Vicálvaro, que se ven diariamente afectadas por la emisión de olores del PTV, que perciben como un peligro para su salud y que provoca una gran alarma social. 

Máxime cuando existe una alternativa viable, como es la utilización temporal del vaso que está ya construido en el complejo de Loeches (la alternativa más adecuada desde el punto de vista de los principios de proximidad y autosuficiencia), con adopción de todas las medidas técnicas complementarias y provisionales. El coste de las mismas debe correr a cargo de la Mancomunidad del Este o de la Comunidad de Madrid para salvar las dificultades que prevé en sus informes, sin que resulte admisible que por no asumir ese coste económico se perjudique de manera irreparable a la población de los distritos mencionados. 

Traer los residuos ajenos al PTV incide de lleno en inversiones muy importantes que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado en los últimos años para reducir las emisiones. Inversiones que se van a ver perjudicadas gravemente y que desestabilizan todos los planes que se han implementado y se estaban implementando por Gobierno anterior y reduciendo la vida útil del PTV en un año, ninguno de cuyos daños se podrá subsanar con la mal llamada “reciprocidad” que prevé el borrador del convenio de colaboración no nato. /

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