Más Madrid propone las soluciones para proteger y salvar el patrimonio público de IFEMA

  • La proposición que defenderá mañana el grupo municipal en el Pleno incluye que la Comunidad pague a IFEMA el alquiler íntegro de los pabellones utilizados como hospital de campaña; que se solicite al Gobierno la moratoria de la norma que le impide tener dos años de pérdidas; y la retirada del actual ERTE 
  • IFEMA es una empresa viable y solvente, con más de 80 millones de euros en caja atesorados de los beneficios de sus últimos ejercicios, con una capacidad financiera enorme y con un mercado consolidado
  • Más Madrid lleva meses alertando y proponiendo acciones para salvar el patrimonio público y la cuenta de resultados de IFEMA

Madrid, 22 de febrero de 2021

La Institución Feria de Madrid (IFEMA) es un consorcio público participado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio de Madrid y la Fundación Obra Social y Monte de Piedad. La importancia y trascendencia económica de IFEMA es indiscutible: en 2019 su actividad repercutió en 5.104 millones de euros a las finanzas madrileñas, lo que supuso el 3,8% del PIB de la capital, y generó 39.343 puestos de trabajo. IFEMA, como muchísimas otras empresas, vive una situación difícil. Sin embargo, es una empresa viable y solvente, con más de 80 millones de euros en caja atesorados de los beneficios de sus últimos ejercicios, con una capacidad financiera enorme y con un mercado consolidado. 

Con esta proposición, Más Madrid trata de evitar el daño patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid, permitiendo la continuidad operativa de IFEMA, evitando lastrar la recuperación económica tras la pandemia en toda la ciudad y la región de Madrid mediante unas medidas que, dada la situación general de IFEMA, no tendrían coste alguno para la Administración, pues la empresa podría enfrentarlas con sus propios recursos.

No es la primera que Más Madrid pone de manifiesto la situación de IFEMA planteando vías de solución para paliar los efectos negativos de la crisis derivada de la pandemia y para salvaguardar su autonomía en la gestión, unas medidas que ahora sea han demostrado acertadas en todos sus puntos.

La proposición se plantea en los siguientes términos:

Que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste a los miembros de esta Corporación municipal titulares de los órganos de gobierno de IFEMA a:

1. Exigir a la Comunidad de Madrid el acuerdo inmediato del pago a IFEMA del valor completo del alquiler de los pabellones utilizados como hospital de campaña, en coherencia con decisiones análogas del equipo de gobierno municipal.

2. Instar a la Junta Rectora de IFEMA a solicitar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, competente en la materia, la moratoria de los ejercicios 2020 y 2021 en el cómputo de los dos años consecutivos de pérdidas, tanto para IFEMA como para todos los consorcios análogos en España.

3. Solicitar a la Junta Rectora y al Comité de Dirección de IFEMA la retirada del actual ERTE, reorientando y negociando unas nuevas condiciones con los trabajadores y la dirección ejecutiva enfocadas a garantizar la continuidad operativa de la institución.

Contexto y motivación de la propuesta

IFEMA produce casi un 4% del PIB de la ciudad de Madrid. El 48,5% de esta repercusión económica de la actividad de IFEMA recae en la hostelería y el comercio madrileño. El consorcio ha visto multiplicados sus beneficios año a año desde 2016 gracias a las modificaciones estatutarias impulsadas por el gobierno de Manuela Carmena, que permitieron su autonomía de gestión, llegando a obtener un resultado en 2019 de más de 22 millones de euros.

Su Junta Rectora es el órgano de gobierno superior colegiado de la Institución y está presidida en la actualidad por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los miembros del Ayuntamiento que forman parte de esta Junta Rectora son la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís Sánchez, como vicepresidenta de la Junta Rectora, así como con las y los concejales del ayuntamiento Engracia Hidalgo Tena, Miguel Ángel Redondo Rodríguez, Andrea Levy Soler y Almudena Maíllo del Valle como vocales.

Su Comité Ejecutivo es el órgano permanente para la dirección y administración de la Institución, y cuenta entre sus miembros con las y los concejales del ayuntamiento de Madrid Engracia Hidalgo Tena, como vicepresidenta, y Begoña Villacís Sánchez y Miguel Ángel Redondo Rodríguez, como vocales.

Con el trasfondo de la pandemia de COVID-19, la actual situación económica, y quizás legal, del Consorcio Público es extremadamente grave. Por ello, el grupo municipal de Más Madrid considera de especial interés tratar esta propuesta en el Pleno Municipal con el objetivo de ayudar a la rápida recuperación de la economía madrileña, pero también proteger la integridad patrimonial del Ayuntamiento de Madrid y de la propia IFEMA, así como la seguridad jurídica de los miembros de esta corporación pertenecientes a los órganos de gobierno de IFEMA.

El éxito de IFEMA desde 2016 se ha sustentado en dos elementos: 1) de su, hasta ahora no cuestionada, autonomía y profesionalidad de gestión, administrativa y política, y 2) de su propio estatus jurídico, determinado por la Disposición Adicional 14 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que la exime de la aplicación de la Disposición Adicional 20 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permitiendo su gestión de acuerdo con sus propios estatutos, siempre y cuando que no incurra en dos ejercicios consecutivos de pérdidas.

Es decir, en caso de incurrir en pérdidas durante dos años consecutivos IFEMA, en cumplimiento de la citada legislación, deberá pasar a integrarse en la Administración Pública de adscripción, en este caso la Comunidad de Madrid, perdiendo su autonomía de gestión de acuerdo con sus propios estatutos y, en definitiva, lastrando su capacidad competitiva en el mercado nacional e internacional de ferias, eventos y congresos y a toda la economía de la región madrileña.

En 2020, la fortísima caída de actividad causada por la pandemia llevó a IFEMA a proponer a sus trabajadores, a finales del año pasado, una reducción directa de salarios por medio del “descuelgue” del convenio colectivo durante los meses de noviembre y diciembre, la supresión de la paga extra de diciembre de 2020 y de los beneficios sociales de las y los trabajadores, cuantificándose en un 10% la reducción del coste anual de recursos humanos. Estas medidas fueron aprobadas con el consenso de las partes con el objetivo de lograr una cuenta de resultados positiva para el ejercicio 2020 y precisamente evitar condicionar las decisiones de 2021 a obtener beneficios a cualquier costa.

Sin embargo, en el momento actual la Comunidad de Madrid aún no ha acordado el precio del alquiler de las instalaciones de IFEMA que utilizó como hospital de campaña (pabellones 7 y 8 como hospital, y 9 y 10 como almacén) entre el 22 de marzo y el 18 de junio de 2020, hecho que está impidiendo que IFEMA facture cantidad alguna al respecto, lastrando definitivamente una cuenta de resultados de IFEMA del ejercicio 2020 aún no formuladas definitivamente pues está pendiente de una compleja auditoría.

Cara al ejercicio 2021, el Consorcio ha impuesto una nueva reducción de costes laborales, esta vez sin acuerdo con los trabajadores, con un objetivo económico de 8 millones de euros (un 33% de la masa laboral), consistente en una reducción media del 48% de las horas de trabajo por medio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causa de Fuerza Mayor. 

En opinión de todos los actores, excepto de la Junta Rectora, esta medida condiciona la operación cotidiana y la preparación de las próximas Ferias. La más urgente e inmediata es FITUR, la principal Feria anual de IFEMA, con fechas previstas para los días 19 al 23 de mayo, pero también de todas las demás. Tanto si es por la persistencia de la pandemia, como si es por la falta de efectivos laborales, o por una combinación de ambas, el éxito de las Ferias ya programadas puede quedar condicionado, provocando que la cuenta de resultados de IFEMA del ejercicio 2021 también termine resultando negativa.

En definitiva, existe la posibilidad cierta de que IFEMA sume dos años consecutivos en pérdidas, provocando la pérdida de su autonomía de gestión. Esta situación sigue siendo posible de prevenir aplicando la moratoria sobre la norma de los dos años consecutivos de pérdidas, permitiendo tomar medidas sobre los costes laborales menos invalidantes. Para ello, la Junta Rectora debe solicitar al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, competente en la materia, la moratoria de los ejercicios 2020 y 2021 en el cómputo de los dos años consecutivos de pérdidas, tanto para sí misma como para todos los Consorcios análogos en España; y que Más Madrid ya propuso en septiembre de 2020 a este Pleno Municipal, resultando en aquel momento rechazada en la errónea creencia de que la cuenta de 2020 sería positiva.

Por supuesto, también exigiendo a la Comunidad de Madrid acordar de forma inmediata el pago del alquiler de la instalación como hospital de campaña de acuerdo con una tarifa justa y compensatoria apropiada para IFEMA. Este precio deberá fijarse en consonancia a la valoración realizada por el propio Ayuntamiento de Madrid del alquiler del pabellón 14 de IFEMA durante el primer Estado de Alarma de la pandemia de COVID-19 como albergue para personas sin hogar, cuyo precio fue establecido en 1,5 millones de euros. Haciendo un simple cálculo del coste por metro cuadrado de alquiler, el precio del hospital de campaña ascendería, al menos, a 10 millones de euros. /

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